La Comisión Europea (CE) ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) solicitando que nos imponga una multa millonaria por no haber incorporado a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva europea de protección de datos en el ámbito penal,(Directiva (UE) 2016/680).

El Consejo y el Parlamento europeo acordaron en abril de 2016 que esta Directiva debía trasladarse a las leyes nacionales de los estados miembros a más tardar el 6 de mayo de 2018. La no transposición por parte de España crea un nivel de protección diferente de los derechos y las libertades de los ciudadanos, y obstaculiza el intercambio de datos entre nuestro país y los estados miembros.

En Julio de 2018, la Comisión Europea ya había abierto un procedimiento de infracción a  España, cuando nos envió una notificación a nuestras autoridades, por no haber incorporado la Directiva a nuestro ordenamiento jurídico. Posteriormente en enero de 2019, se concedió un ultimátum al Gobierno español, para que en el plazo de dos meses corrigiésemos la situación, evitando así una posible denuncia ante la Justicia Europea.

A fecha de 25 de Julio de 2019, España no ha notificado a la Comisión Europea las medidas necesarias para cumplir con la citada Directiva, y es por ello que nos llevan ante el TJUE.

Bruselas pide a la Justicia Europea que imponga a España una multa de 21.321 euros diarios, con un mínimo total de 5,29 millones de euros, desde el día posterior a la obligación de incorporar la Directiva a nuestras leyes, hasta el cumplimiento de la Directiva por parte de España o la sentencia del Tribunal.

Se solicita además que se penalice a España con una sanción diaria de 89.548,20 euros desde el día de la sentencia del TJUE, hasta que España cumpla plenamente con la directiva europea o haya una segunda sentencia del Tribunal.